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Maltrato
reiterado será delito
Diario El
Sur-11/7/05 |
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Un difícil camino ha tenido que enfrentar en el Congreso el proyecto de ley que desde hace tres años busca otorgar una efectiva protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, permitiendo que la justicia criminal se haga cargo del juzgamiento de estos hechos. Esto, porque el pasado miércoles la moción pasó inevitablemente a una comisión mixta, luego que la Cámara de Diputados rechazara por 79 votos a favor, algunas de las enmiendas realizadas por el Senado, tendientes a eliminar el carácter de delito a todo tipo de maltrato habitual, continuo y permanente, por cuanto el aumento de las sanciones sería suficiente para erradicar esta alarmante realidad del país. Con ello, tanto el gobierno, a través del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), como los parlamentarios y las diversas agrupaciones femeninas intentarán salvar una de las disposiciones que reconoce, sin lugar a dudas, que la violencia intrafamiliar hace tiempo dejó de ser un problema doméstico. Realidad preocupante Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de mujeres que anualmente mueren asesinadas en el mundo, la mitad lo hace a manos de sus parejas, y en América Latina, cien millones de niños son víctimas de la violencia intrafamiliar. Una realidad alarmante de la que Chile también forma parte, que motiva más de 80 mil denuncias a la justicia, aunque sólo un 14 por ciento recibe sentencia. Así, 70 chilenas fallecen cada año como consecuencia de la violencia por parte de sus maridos o convivientes, y el 50,3 por ciento reconoce haber sido víctima de alguno de sus tipos: física, sicológica o sexual. Además, según la Unicef, en el país casi tres de cada cuatro niños, el 70 por ciento, reconoce haber sufrido violencia por parte de sus parientes. Sin ir más lejos, en lo que va corrido del año, 19 mujeres han muerto por esta causa, por lo que no debería extrañar que un mayoritario 97,6 por ciento de las chilenas considere que las agresiones domésticas son un delito que debe ser castigado, más allá de si aúna consenso entre los parlamentarios. Delito versus sanciones Si bien la promulgación de la ley en 1994 permitió dar un paso importante al reconocer la violencia intrafamiliar como una problemática de carácter público, donde las agresiones dejaron de ser un asunto "privado", se requiere más. Bajo esa lógica, el gobierno, los diputados y las diversas organizaciones abogarán en las próximas semanas para que la comisión mixta dé, de una vez por todas, luz verde a la penalización del maltrato, ya que, en caso contrario, las agresiones sólo podrán originar procedimientos a cargo de los Tribunales de Familia, con un rango similar al de la justicia civil, con sanciones de multas y la aplicación de medidas de protección o cautelares. En esa línea, el diputado integrante de la comisión Familia de la Cámara Baja, Maximiano Errázuriz (RN), consideró relevante que la violencia intrafamiliar no sea vista como una falta similar a, por ejemplo, estacionar mal un vehículo. "Es un delito, hay que decirlo con fuerza y todas sus letras", afirmó. Complementando sus dichos, Camila Maturana, abogada de la corporación La Morada, aseguró que si no se revierte esta disposición se dejará impune la violencia habitual, una figura que -recalcó- no es una falta común, por lo que no puede ser sólo de competencia de los Tribunales de Familia, sino de la justicia criminal. "Cuando hay violencia intrafamiliar no se trata de cualquier delito, sino de un abuso de poder y de falta de igualdad", explicó al respecto la jurista. Una opinión coincidente tiene la vicepresidenta de la Corporación Humanas, la sicóloga Carolina Carrera, para quien sería un retroceso poner la violencia al mismo nivel que otros delitos. "Hoy sólo cuando hay violación, homicidio o intento de homicidio el caso pasa a la justicia penal. Pero el deber de una ley es evitar ese crimen, dar esa señal y, por lo tanto, sancionar un delito que viene de mucho antes", enfatizó. Una mixtura de ambas Una visión más global entregó la ministra del Sernam, Cecilia Pérez, que si bien se manifestó partidaria de apoyar la moción de los diputados para tipificar la violencia habitual como un nuevo delito, también se mostró abierta a discutir y acoger, eventualmente, el endurecimiento de las sanciones penales que proponen los senadores. Consultada sobre qué le conviene más al país, considerando las alarmante cifras de maltrato, la secretaria de Estado explicó que en la actualidad es perfectamente posible, tener una "mixtura" de ambas posiciones. Argumentó que hoy existe la suficiente voluntad política y el acuerdo entre los parlamentarios, escenario que -recordó- no hubo dos años atrás, para no tener que optar por una u otra, sino para complementar las dos propuestas. Cecilia Pérez afirmó que están las condiciones para que la ley sancione con mucha severidad las lesiones y todos los actos que desencadenan violencia, pero además para que se contemple una sanción más agravada al maltrato habitual. Aclaró que en el fondo sería una sanción a un contexto de violencia, a ese maltrato que va socavando la dignidad de las personas, la estabilidad de la familia, que aunque probablemente no termina "inmediatamente" en una lesión, produce un daño más intangible, menos material. Admitió, en ese marco, que por sí solas ni la
ley ni las sanciones son suficientes para resolver el tema, pero que estas
últimas se configuran como una señal muy potente de protección a las víctimas
y de desincentivo para los agresores |
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